El tema de la reforma de pensiones ha estado en el tapete de la discusión pública desde el inicio del gobierno de la Presidenta Bachelet. La razón básica: es posible constatar que la mayoría de los chilenos que jubilan tienen pensiones muy exiguas, no solo en términos monetarios sino también en relación a sus remuneraciones finales (la llamada “tasa de reemplazo”). Justa o injustamente, el sistema de capitalización individual, adminitrativo por AFPs privadas, ha sido sindicado por muchos como el culpable de esta situación.

¿Es entonces mejor un sistema de reparto? Recordemos que ese era esencialmente el sistema que prevalecía en el país antes de la reforma previsional de 1981, que creó el sistema de AFPs. Para los que lo recuerdan, el sistema de reparto tampoco funcionó bien. Hoy, con el envejecimiento de nuestra población, funcionaría aún peor. Así lo demuestra la experiencia de muchos países tanto en desarrollo como desarrollados.

Esto se debe a que en un sistema de reparto las pensiones de los jubilados deben ser financiadas  directamente por impuestos a la población activa. Chile combina un salario mediano bajo y un rápido envejecimiento de la población. En 25 años cada trabajador activo tendrá que financiar la pensión de un jubilado. Por lo tanto, es poco probable que el regreso al sistema de reparto vaya a solucionar el problema de pensiones insuficientes.

Debemos mejorar el sistema que tenemos comenzando por un buen diagnostico. La causa principal es la baja densidad de cotizaciones en relajación a los años en que vamos a estar jubilados. Para ponerlo en forma gráfica, si cotizo el 10% de mi remuneración por 10 años es completamente irreal esperar financiar 10 años de pensión y mantener un nivel de ingresos cercano al de mis últimas remuneraciones. Las lagunas previsionales, el hecho que las mujeres entran y salen de la fuerza de trabajo, el empleo informal, edades de jubilación que se han rezagado con respecto al fuerte aumento en la esperanza de vida son los temas más relevantes.

Existen medidas de corto plazo y otras de más largo aliento que podrían ayudarnos a mejorar las bajas pensiones de los sectores de menores ingresos. En lo inmediato, mejorar el pilar solidario representaría un alivio para aquellos que no alcanzaron a reunir suficientes ahorros para una pensión digna. En un plazo más largo, aumentar la edad de jubilación y la tasa de cotización en inevitable. Para los salarios más cercanos al salario mínimo, un aporte pareado por parte del gobierno sería un incentivo a la formalidad y a la cotización ya que podría compensar de mejor manera a futuro al sacrificio del consumo presente que involucra la cotización. Por último, como la correlación entre el nivel de ingreso y la probabilidad de cotizar es altísima, en el largo plazo el crecimiento económico y el aumento que conllevaría en las remuneraciones tendría dos efectos virtuosos: aumentaría la base sobre la cual se cotiza y la predisposición a cotizar.

Como puede apreciarse, las soluciones tienen poco que ver con regresar a un sistema –el de reparto- que ha probado ser inviable en Chile y en otros países.