Uno de los mayores triunfos del neoliberalismo ha sido instalar la idea de que los trabajadores públicos chilenos son privilegiados, improductivos y corruptos.

La evidencia muestra lo contrario. Los rankings internacionales muestran a Chile como un país de baja corrupción. Extremadamente baja, comparando con países similares.

Mizala, Romaguera y Gallegos (2011) muestran que al controlar por sus características, los trabajadores públicos chilenos son los de pero para relativa al sector privado en América Latina. El decir mejor pagado incluso estaría peor que en el sector privado, dadas sus características. Casi todos los sistemas de remuneración pública a nivel global contribuyen a la equidad pagando mejor en la parte baja de la escala salarial. Chile es el que hace menor esfuerzo de este tipo en América Latina.

Una de las omisiones más infames de la transición fue la situación laboral y los derechos sindicales de los trabajadores públicos. Con la notable excepción del gobierno de Aylwin en que una reforma tributaria significativa financió una mejoría en sus salarios, la situación el servicio público fue abandonada y sus condiciones laborales tratadas como un estorbo, más que como un instrumento de política laboral nacional.

La excepción que confirma de la regla fue el establecimiento del sistema de alta dirección pública que fue reducido al ridículo por la actual administración, al remplazar a los ganadores de concursos públicos por personas ideológicamente afines.

Con el cinismo típico de nuestro país, hacemos como que los trabajadores públicos no tuvieran derecho a la negociación colectiva ni a la huelga cuando en realidad sabemos que ambas cosas ocurren todos los años.

Un nuevo gobierno progresista requiere una Política de Servicio Público en la que se use la escala del Estado para establecer estándares salariales, contractuales, sindicales, de educación continua, productividad y de calidad de empleo al resto de la economía.

Por eso, la idea shock de hoy es Best State to Work: que el Estado chileno avance hacia ser el mejor empleador público a nivel global.

Ahora, ojo “calidad” no solamente significa buenas condiciones y derechos sindicales. Significa una relación más intensa entre trabajadores públicos y el Estado, con altos estándares de productividad y de cumplimiento de metas.  Un elemento central tendría que ser la educación continua. El ideal sería que ningún trabajador del servicio público salga de él con el mismo nivel de capacitación con que entró, y que abrumadora mayoría tuviera un paso transitorio por el Estado, obteniendo experiencia, educación y estándares laborales para luego proyectarlas hacia el sector privado.

Estas nuevas condiciones, por cierto, tendrían que ser premiadas, incentivando salarialmente a los servidores públicos dispuestos a entrar en un camino profesional de mayor calidad y exigencia.

Así como el país necesita un upgrade de su sistema energético para proyectarse, requiere también otro estándar de calidad en el servicio público. Sería interesante observar algo así que, en el fondo, sería ver a un Estado administrado por la centroizquierda practicando lo que predica para el resto del país.