Probablemente es tarde para cambiar el curso de un proyecto de ley que se discute en el parlamento y lo que vendrá serán discusiones de un detalle más o menos.

Las ideas más dañinas serán descartadas, como la negociación por ramas, que perjudicaría en forma particular a las pequeñas  empresas. Otras, quizás serán agregadas en el trámite legislativo; y a sabiendas de que lo que diré no es políticamente correcto, me voy a atrever a terciar en el debate de fondo.

Comienzo diciendo que extraño en esta discusión la pregunta de qué se busca con la reforma, cómo ella puede mejorar los niveles de vida de los chilenos y cuál ha sido la experiencia internacional al respecto.

Un valor que se busca afianzar con la reforma es la seguridad en los ingresos de los trabajadores. Nadie podría oponerse a que las personas, particularmente las más vulnerables, tengan alguna certeza de que, frente a las inevitables fluctuaciones de las economías de mercado, no sean ellos quienes paguen la cuenta con despidos, mayor desempleo y pérdidas de ingresos vitales para su subsistencia. De hecho, podemos convenir que la seguridad en los ingresos del trabajo es un bien público que conviene fortalecer.

Por otro lado, como lo muestran varias economías europeas, sí no hay flexibilidad laboral se tiende a crecer menos, a tener mayores niveles de desempleo y a no lograr incorporar a jóvenes y mujeres a la fuerza de trabajo activa. La razón es obvia. Las economías modernas se caracterizan por estar sujetas a perturbaciones sectoriales permanentes. En economías dinámicas aparecen nuevas industrias, otras crecen mucho más que la economía en su conjunto y otras se contraen debido a presiones competitivas por la aparición de nuevos productos o procesos más eficientes, o debido a la competencia proveniente de una economía mundial cada vez más globalizada. Si la economía no es capaz de reasignar recuerdos laborales desde sectores en decadencia hacia sectores en crecimiento global de la economía se resiente.

Asimismo, cuando los despidos se vuelven difíciles, o cuando las empresas deben enfrentar huelgas frecuentes, los empleadores tratarán de contratar al menor número de trabajadores permanentes, reemplazándolos por procesos mecanizados o por trabajadores ocasionales. Los trabajadores titulares recibirán los beneficios de negociaciones y los resultados que puedan obtenerles sus sindicatos a través de huelgas, dejando afuera los que recién se incorporan a la fuerza de trabajo. El resultado: tasas elevadas de desempleo, concentradas en jóvenes y mujeres.

Entonces, el otro bien público que debemos preservar es la flexibilidad laboral, porque asegura mayor crecimiento, tasas más bajas de desempleo y mayor cohesión social.

Así como están las cosas en Chile, el bien público que representa la flexibilidad laboral no lo financia la sociedad, sino que los propios trabajadores: frente a desaceleraciones de la economía aumenta la tasa de desempleo, que algunas veces puede prolongarse y son los menos capacitados para soportar este costo, pues, en general, su capacidad de ahorro previo es bajo o nulo.

Pero el costo del bien público que es la estabilidad en los ingresos tampoco recae sobre la sociedad, sino sobre los empleadores, que tienen que mantener en sus nóminas a quienes no necesitan o deben desahuciar a alto costo.

Lo que se necesita es una solución que ayude a preservar estos bienes públicos. Para no sacrificar uno en aras del otro, debe intervenir el Estado. Los países que han logrado conjugar la estabilidad de ingresos con la flexibilidad laboral lo han hecho de manera consistente con su realidad económica y con su cultura.

En las grandes empresas japonesas, que tienen filiales en varias áreas, los trabajadores pueden ser fácilmente reubicados desde sectores en decadencia hacia otros en expansión y la participación de los trabajadores en las utilidades ayuda a que los salarios sean en la práctica flexibles.

Cuando a la empresa le va bien, también a sus trabajadores, pero cuando hay dificultades, la nómina salarial disminuye automáticamente.

En Alemania, desde la década del 2000, empleados y empleadores alcanzaron un acuerdo donde los sindicatos moderaron sus demandas laborales para que el país pudiese recuperar la competitividad internacional, crecer a tasas más elevadas y disminuir el desempleo.

En Dianamarca, los trabajadores pueden ser despedidos con poco aviso, pero el Estado tiene un excelente seguro de desempleo y servicios de capacitación y reubicación. Esta solución es cara y Chile no está en condiciones de ofrecerla a sus trabajadores con las mismas características sin un fuerte aumento de la carga tributaria. Sin embargo, podemos empezar a emular aquellos ejemplos que han dado mejores resultados que los nuestros.

Seguro nos falta una solución más creativa que la de suma cero que está imperando, y para el futuro de nuestra economía y sociedad es vital encontrarla pronto. Consideramos las cifras de desempleo. En Francia, donde las relaciones laborales son conflictivas y hacia donde las propuestas de reforma laboral parecen estar conduciéndonos, la tasa de desempleo es de 10,6%. EN Alemania, la tasa de desempleo es de 4,7%; en Dinamarca y Japón, de 6,2 y 4,1% respectivamente.

¿No deberíamos estar emulando a Alemania, Japón o Dinamarca, en lugar de continuar enfrascados en disputas laborales en las cuales todos, excepto unos pocos, saldremos perdedores?

Manuel Agosin T., Decano de la Facultad Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Diario La Tercera 31 de Mayo del 2015