26 de Abril de 2016

Chile: ¿Estado de Derecho?

Manuel Agosin, Decano Facultad Economía y Negocios de la U.de Chile, Diario La Tercera, 22 de Abril de 2016

En nuestro país, nos orgullecemos de contar con un estado de derecho como quizás el principal activo entre nuestras instituciones. ¿Es cierto que vivimos en un estado de derecho? Desde luego, lo fuimos perdiendo progresivamente desde mediados de los sesenta, proceso que empezó con agresiones verbales entre chilenos y terminó con la dictadura militar que nos gobernó al margen de la ley entre 1973 y 1990. Con la recuperación de la democracia, asistimos esperanzados al restablecimiento del respeto a la libertad de expresión y la protección a los derechos de los individuos, sea cual fuere su posición política o su estatus en la sociedad. 

En un estado de derecho, cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita, la cual se va perfeccionando paulatinamente en el tiempo para reflejar la evolución de la sociedad y sus valores. Nadie puede ser despojado de su vida, libertad o propiedad sin que medie un proceso jurídico que lo declare culpable de delito. Aunque todavía no hemos caído en los atropellos que caracterizaron a otras épocas, estamos en peligro de descender por esa pendiente.  Una característica de la ausencia de estado de derecho es que grupos de individuos, al estar absolutamente convencidos de la justicia de su causa, no reparan en los medios mediante los cuales tratan de imponer su visión o sus intereses sobre los demás. 

Lo que experimentamos ya casi a diario en la Araucanía es el ejemplo más flagrante de lo que afirmo. No estoy juzgando la causa que esgrimen los grupos que queman casas (incluso con moradores adentro), tractores, buses, templos religiosos, recintos de enseñanza. Lo que me preocupa no es su causa sino sus acciones para hacer “justicia” con sus propias manos. Ya hemos vivido situaciones muy lamentables de esta naturaleza, con heridas que aún están abiertas. 

Pero hay ejemplos más cotidianos y, no por ser menos dramáticos dejan de representar violaciones al estado de derecho. En días recientes, hemos asistido a la violencia ejercida por taxistas enardecidos por defender sus “derechos” frente al servicio ofrecido por conductores afiliados a la aplicación Uber, a quienes acusan de competencia desleal. Nuevamente, sin querer pasar un juicio sobre los fines perseguidos, los supuestos derechos de quienes actúan así, no justifican de ninguna manera su violencia contra conductores y pasajeros. 

Un hecho que me ha tocado vivir con un alto grado de frecuencia en mis funciones actuales, se refiere a los acciones de grupos de estudiantes universitarios que intentan cerrar instituciones o incluso “tomarse” sus instalaciones, impidiendo así que otros que quieren estudiar puedan hacerlo. Las marchas estudiantiles suelen terminar en la destrucción de propiedad pública y privada, de la cual nadie se hace responsable. Nuevamente, los fines (mejoramiento de la educación para todos los jóvenes chilenos) pueden ser loables; los medios no lo son. 

Por último, como nos muestra nuestra historia, la violencia verbal con la que nos hemos acostumbrado a no escuchar a quienes no piensan como nosotros es el primer paso hacia la destrucción de las instituciones e incluso la violencia física. Recuperemos lo que afirmamos es el gran activo de Chile desde que volvimos a la democracia: el estado de derecho, que debe comenzar por el respeto a las opiniones y los derechos de los demás.

 

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