Las movilizaciones estudiantiles, que partieron como una crítica hacia las políticas de Educación Superior, fueron adquiriendo un creciente respaldo de la población y por distintos motivos otros segmentos se fueron sumando a las protestas. Si se quiere buscar un elemento común en la generalizada insatisfacción, se puede encontrar en el cuestionamiento al “Modelo” socio-económico que se ha implementado en Chile en los últimos 30 años y cuya máxima expresión está en el gobierno de Piñera. Algunos analistas buscan un fundamento en factores circunstanciales, desde el rechazo a la pobre gestión del gobierno hasta ideas tan menores como la subida en el precio de los alimentos. Estas simplificaciones olvidan que la insatisfacción viene al menos desde 1997, cuando todos los indicadores socio-económicos registraban un notable progreso en la calidad de vida de la población, pero en las elecciones parlamentarias los partidos de la Concertación perdieron 800.000 votos. El PNUD intentó dar respuesta a esta situación aparentemente incomprensible: éxito en las cifras reales y creciente molestia en la población. Su estudio de 1998 planteó como hipótesis que los evidentes logros, especialmente en la población más pobre, se habían logrado a costa de un creciente sentimiento de incertidumbre sobre el futuro, inseguridad personal y laboral, y pérdida de la solidaridad social, horadada por el individualismo y consumismo imperante. Estos factores afectaban especialmente a los segmentos medios. La situación anterior se expresó en otros resultados electorales, como los estrechos triunfos de Lagos y Bachelet y la derrota de Frei en 2009. Pero también en la fuerte caída de la popularidad de Piñera durante su administración, sobre todo en sectores medios que contribuyeron a su triunfo. El centro de la crítica descrita está simbolizado en el llamado “Modelo”, que tiene expresiones en la educación, la salud, el trabajo, la previsión, el medio ambiente y la vivienda o, en términos más concretos, el “lucro” de las universidades privadas, las isapres, los multirut, las AFP, Hidroaysén, la inseguridad en los barrios, son algunos destinos del malestar. En síntesis, es el rechazo a la primacía de los estímulos económicos en las motivaciones de la vida cotidiana. Es la penetración profunda de los valores del pensamiento neoliberal: individualismo, egoísmo, competitividad, que han llegado a abarcar no solo las políticas públicas sino las relaciones sociales, en que los sectores que se sienten más desprotegidos y aislados son las emergentes clases medias, que perciben que la protección social no las ampara, lo que genera el sentimiento de vulnerabilidad, el temor de caer en la pobreza, perdiendo lo que se ha ganado con tanto esfuerzo. Los progresos económicos del país (ingreso por persona, bienestar material, reducción de la pobreza) han estado acompañados de profundos desequilibrios que ahora aparecen con más crudeza: a) la desigualdad en todas las esferas, no solo en los ingresos, acompañada por la discriminación social; b) la creciente concentración productiva; c) los desequilibrios entre consumidores y empresas, y entre empresarios y trabajadores; d) la escasa de competencia en industrias importantes; e) la primacía de los empresarios rentistas sobre los emprendedores. Una de las expresiones más significativas de la masificación de las protestas está en los abusos, que han calado hondo en la población, atropellada por la Polar, por las farmacias, los acuerdos entre las empresas de buses interprovinciales y, últimamente, por los productores de pollos, pero también por los bancos sobre sus deudores y por las grandes empresas sobre las pequeñas. Estos elementos muestran que el “modelo” está haciendo agua por muchas partes, no sólo por la incapacidad de recuperar el dinamismo que hubo hasta 1998, sino por un sector de grandes empresas que ha pasado a simbolizar la desigualdad, la concentración y los abusos y, por lo tanto, afectando su legitimidad.