El documento ”Chile País Desarrollado”, recientemente difundido por el gobierno, tiene un particular interés, tanto por lo que se dice como por lo que se omite. El texto es presentado como la “carta de navegación” y el “plan maestro” para “elevar a Chile a la calidad de país desarrollado durante esta década”, mejorar el empleo y reducir la pobreza. De ahí que los tres ejes de la “agenda” sean a) aumentar la capacidad de inversión; b) más y mejores empleos; y c) elevar la productividad, ya que es necesario revertir la caída experimentada en los últimos años. La presentación corresponde más a un programa del gobierno de Piñera que a un conjunto de acciones específicas para ser implementadas; en ese sentido, aparece como un índice con un propósito de brevedad más que medidas concretas. El contenido refleja que para conseguir los objetivos no se proponen grandes reformas institucionales, ni cambios fundamentales en las políticas públicas que estaban en curso a fines del gobierno de Bachelet. Si bien no se puede decir que es “más de lo mismo”, no se caracteriza por las transformaciones estructurales. Las razones parecen claras; en primer lugar, no las necesita, pues puede aprovechar la institucionalidad y la legislación existente. El tamaño del Presupuesto Fiscal le permite operar con la flexibilidad que se requiere para realizar las reasignaciones necesarias; de allí la importancia asignada a la actual discusión presupuestaria, es la ley más importante para este tipo de gobierno. Además, buena parte de las medidas enfatizadas en el “Chile País Desarrollado” corresponden a ampliaciones y mejoramientos de programas en ejecución. Por último, el gobierno de Piñera no tiene respaldo parlamentario para modificar o aprobar leyes que pueden ser conflictivas; está en minoría en el Senado y tiene que negociar fatigosamente con los diputados un respaldo caso a caso. Si bien se podría realizar un extenso comentario, se van a resaltar algunas características básicas. Antes que nada, nuevamente el predominio de Hacienda. Quien presenta la estrategia de desarrollo del gobierno es ese ministro, lo cual le lleva a responsabilizarse de campos que corresponden a otras carteras como Economía, Trabajo, Mideplan y Relaciones Exteriores; incluso más, no es Piñera el responsable y firmante, sino Larraín, a pesar del entusiasmo por el protagonismo que ha mostrado el presidente (“desde el Ministerio de Hacienda nos hacemos responsables de mantener el rumbo firme para conducir a los chilenos hacia un país desarrollado,…”. Este signo muestra que la primacía de Hacienda no depende solamente de la cercanía del ministro con el primer mandatario (a). El eje de incrementar la inversión está centrado en medidas tributarias ya aprobadas en las leyes de reconstrucción, que tuvieron un signo regresivo, y en el destrabamiento burocrático al cual se asigna gran importancia. Las medidas de fomento productivo parecen bastante débiles. En el incremento de productividad se pone una excesiva confianza en los cambios en el mercado de capitales (“MKB”). Se anuncian modificaciones, muy necesarias, en la forma como funcionan las empresas estatales y el SEP, así como la prioridad del tema de innovación y emprendimiento, uno de los atrasos de Chile. En la generación de empleo hay escasas propuestas, pero es valiosa la intención de modificar el actual sistema de capacitación. Entre las omisiones se pueden señalar varias. Sobre el tema de la desigualdad y la inequidad, sólo buenos deseos, nada profundo frente al tema más importante de la sociedad chilena; tampoco hay propuestas para reducir la concentración productiva, aparte de fomentar mercados más competitivos, como la gran solución para los problemas nacionales. La modernización del Estado es otro gran ausente, que no solamente incluye aspectos institucionales sino también el funcionamiento de los recursos humanos del sector público, una de las principales causas de las caídas en la productividad del país. En definitiva, el documento tiene el mérito de reflejar que el gobierno de Piñera basa su éxito en mejorar la gestión más que en realizar profundos cambios institucionales y en las políticas públicas. Más mercado, mayor competencia, más empleo, prioridad del sector privado en la inversión y progresar en la administración del Estado son los elementos clave.