29 de Enero de 2010

Gobierno, oposición y reformas

Raphael Bergoeing Universidad de Chile y Banchile Inversiones

Otra cosa es con guitarra, según reza el dicho popular. Y cuando de hacer política económica se trata, la guitarra la tocan dos: los que entran y los que salen. El gobierno, desde el ejecutivo, al decidir qué cuerdas rasguear; la oposición, desde el Congreso, al pulsar estas cuerdas en el compás apropiado. Sin los primeros no hay sonido, sin los segundos éste puede resultar desafinado. Porque el gobierno impone la urgencia a los proyectos, y el parlamento decide si y cómo los transforma en ley. En este contexto quiero plantear algunas reflexiones sobre el desafío de llevar a la práctica las reformas económicas comprometidas por el gobierno de Sebastián Piñera. Partamos por los nuevos equipos. El Sector público tiene una dotación efectiva cercana a los 850 mil funcionarios. Aproximadamente 2150 de ellos son de exclusiva confianza del Presidente de la República; 1300 son nombrados directamente por él, el resto a través de la Alta Dirección Pública. Un desafío enorme, porque las personas sí importan. Y las señales también: meritocracia como el criterio principal para elegir a los que llegan, y también para convencer a los que lo han hecho bien para que continúen. Una vez más, la tarea deberá ser asumida por los que entren y por los que se queden, para que el periodo de ajuste sea lo menos costoso posible. De paso, para que lo exitoso se mantenga, desplazando el eje desde las políticas de gobierno hacia las políticas de Estado. Otro desafío consistirá en hacer realidad las propuestas de reformas económicas, porque ello exigirá acuerdos transversales: el ejecutivo no tendrá mayoría ni en la cámara alta ni en la baja. En la primera, sólo 17 de los 38 senadores actuales están en la Coalición por el Cambio; en la segunda, sólo 58 de los 120 diputados lo están. Muchas reformas no son materia de ley. Por ejemplo, para reducir las trabas al emprendimiento y apoyar a las pymes, se debe reducir los costos de iniciar y operar empresas, eliminando trámites hoy innecesarios. Hacer un catastro de las programas de apoyo para evitar redundancias también aparece entre las prioridades de los expertos. Tampoco requiere modificaciones legales darle un nuevo impulso a las concesiones, ampliándolas a hospitales y deporte, o mejorando lo ya existente en carreteras. Pero muchas otras reformas sí son materia de ley. La mayor parte de ellas debe ser aprobada mediante leyes ordinarias. Esto es, con el apoyo de la mayoría simple (50% más 1) de los parlamentarios presentes en las salas al ser votadas. Por ejemplo, los estímulos tributarios anunciados para promover la inversión, como la depreciación acelerada y la extensión de la tributación en base a utilidades retiradas en las pymes. Igualmente, la ampliación del actual subsidio al empleo a otros grupos vulnerables, o potenciar la participación femenina y juvenil a través de la creación de bolsas de horas que permitan flexibilizar las horas trabajadas promedio entre semanas. También son aprobadas con leyes ordinarias las modificaciones al estatuto administrativo y al docente. Pero en otros casos, como el de la protección social y la negociación colectiva, las reformas requieren quórum calificado, es decir, más de la mitad de los votos de los parlamentarios en ejercicio, sin importar el número de ellos presentes en las salas. Meritocracia, política económica de Estado, acuerdos transversales, todos conceptos esenciales si aspiramos a continuar avanzando en materia económica.

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