Como ya lo anuncié en mi columna de hace cuatro semanas, estaré utilizando este espacio que tan graciosamente me ofrece La Tercera para comentar en algo más de detalle los contenidos de Crecer Juntos, el documento que entregamos a la opinión pública un grupo de siete académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Esta semana quiero abordar el tema de la modernización del Estado.

Los chilenos nos ufanamos de nuestro marco institucional, pero la verdad es que las malas prácticas han ido in crescendo en las últimas décadas. Sin instituciones transparentes, gobernadas en base a la meritocracia, no podremos aspirar a volver a crecer a tasas que nos permitan realizar nuestros objetivos de bienestar para todos los chilenos. Es penoso ver como el Estado es capturado por los partidos ganadores de elecciones; como los operadores políticos campean en todos los resquicios del aparato estatal; como se viola el espíritu, y probablemente la letra, de la Alta Dirección Pública; como las autoridades de empresas públicas y superintendencias siguen llenándose después de cada elección por partidarios de los triunfadores, sin siempre importar su capacidad para ocuparlos.

 La reforma del Estado debe ser una política que sobrepase el ciclo político de los gobiernos de turno, y esto sólo puede realizarse creando una agencia permanente de alto nivel que se encargue de hacer un examen acucioso de cómo funciona el Estado y qué debe modificarse. Segundo, todos los servicios públicos deberían hacer planificación estratégica y verificable, sus autoridades deberían tener incentivos monetarios para alcanzar sus metas y aquellos servicios que atienden público deberían realizar encuestas de satisfacción entre sus usuarios.

 Tercero, todos los nuevos servidores públicos debieran ser contratados en el marco de un proceso transparente y en un régimen similar al del Código del Trabajo. Para los funcionarios actuales, la adhesión a dicho régimen sería voluntaria. Este nuevo esquema permitiría la huelga regulada, hoy ilegal, pero que de todos modos ocurre. Cuarto, todos los ejecutivos del gobierno por debajo de los Ministros y Subsecretarios políticos deben ser reclutados por concurso Alta Dirección Pública, de verdad y no de manera trucha como es ahora. Fuera del Subsecretario político, debería instaurarse la figura de un Subsecretario técnico a cargo de la dirección de su Ministerio, contratado por Alta Dirección Pública.

Por último, debería crearse una agencia permanente de simplificación regulatoria a cargo de eliminar duplicidades en la regulación y evaluar todas las propuestas de regulaciones adicionales para asegurarse que no entorpezcan la actividad productiva. 

Estas son tareas prioritarias para el nuevo gobierno. No garantizan resultados inmediatos, pero sí podrían devolverles la confianza en el país a inversionistas nacionales y extranjeros. Y contribuir a ordenar las finanzas públicas.

Manuel Agosin Decano Facultad de Economía y Negocios U. de Chile , Diario La Tercera 20 de octubre del 2017