Desde un inicio, el Gobierno se ha empecinado en no aceptar que el Transantiago es insubsanablemente malo, primero para no responsabilizar al gobierno anterior, y luego, para no reconocer que se equivocó al mantenerlo. El Ejecutivo ha intentado reducir el perjuicio a los usuarios, rebajando y congelando el costo del pasaje, y ha pretendido “normalizar” el Transantiago, aumentando el número de buses y estableciendo nuevos recorridos. Pero el Transantiago no se ha “normalizado”. Así, la aprobación de los usuarios, que aumentó durante el verano, cayó significativamente en mayo y junio, volviendo a los niveles de 2007, como muestran las encuestas de Adimark. Los ajustes han aumentado los costos del sistema y el déficit alcanzó un record de US$ 52,2 millones en junio, un 13% mayor que en mayo. El Gobierno sigue con su discurso de “normalizar” el sistema, pero sin proponer nada nuevo. A estas alturas, pareciera que la autoridad a lo único que aspira es llegar sin mayores sobresaltos a las próximas elecciones presidenciales, resignado a que el Transantiago siga más o menos igual y traspasar el problema al siguiente gobierno. Por el lado de los operadores no hay problemas porque obtienen grandes utilidades. Por el lado de los usuarios-votantes, es imprescindible no subir el valor del pasaje y a eso apunta el proyecto de subsidio. Pero en lugar de pedir derechamente un subsidio para financiar el déficit, el Gobierno quiso justificarlo como compensación por el pasaje rebajado a estudiantes y darle carácter de permanente. El argumento sería válido si los pasajeros normales tuvieran que subsidiar el pasaje rebajado. Esto claramente no es el caso del Transantiago, en que el pasaje normal no alcanza para financiar el sistema, con o sin rebajas a estudiantes. En cambio, sí correspondería entregar el subsidio a los operadores de todo el resto del país, sean servicios licitados o no. Pero no es simple entregar un subsidio de este tipo para que efectivamente beneficie a los usuarios. Para evitar complicaciones, el proyecto de ley excluye a los usuarios de servicios no licitados, dejando en evidencia que lo que se presenta como una justificación no pasa de ser una excusa improvisada. Además, siendo serios, este subsidio debiera plantearse como parte de un plan integral de adecuación del régimen tributario especial que tiene transportes, que incluye, entre otras anomalías, el impuesto a los combustibles, la gratuidad en el uso de infraestructura vial, la exención de IVA al transporte de pasajeros (pero sin recuperación de IVA en compras, fomentando la informalidad), los permisos de circulación, etc. Tal como está propuesto, el proyecto de subsidio tiene que entenderse principalmente como una forma de sacar el déficit del Transantiago del escrutinio público, sin resolver los problemas de fondo. Con todo, es necesario financiar el déficit del Transantiago, porque se trata de un servicio público imprescindible que no es posible financiar aumentando el valor de los pasajes. No se puede aumentar el valor de los pasajes porque el sistema ya significa un mayor costo para los usuarios por los mayores tiempos de viaje. Además, no se puede aumentar el costo para los usuarios que sí pagan, cuando parte importante del déficit se debe a la evasión. En conclusión, se deben aprobar fondos para subsidiar el Transantiago, pero dejando en claro que el Gobierno es el único responsable de dilapidar recursos en un mal servicio, prestado por operadores que obtienen una alta rentabilidad. La entrega debe ser por períodos cortos, para obligar a una información periódica de los problemas. No es aceptable que el déficit de un mes se informe el día 28 del mes siguiente.