La gratuidad irrestricta en la educación superior que se ha propuesto el gobierno es muy cara. Nuestros cálculos nos dicen que la gratuidad para los estudiantes que provienen de las familias que están en el 20% más rico de Chile cuesta unos US$ 1.500 millones anuales (este y otros cálculos en esta columna fueron realizados a un tipo de cambio de $600 por dólar). Estas cifras se han estimado en base al número de alumnos de dichos hogares que están matriculados en la educación superior en universidades acreditadas (las que pertenecen al Consejo de Rectores y las que no), los institutos profesionales (IP) y los centros de formación técnica (CFT). Asumimos que el gobierno pagará un equivalente por alumno a lo que dichas instituciones cobran. Para hacer estos cálculos utilizamos la encuesta Casen de 2011, con todas las cifras en moneda corriente actualizadas a 2015 inflactando los datos de la Casen por los IPC entre 2012 y 2014.

El valor que se estaría comprando con estos recursos sería lo que se ha venido en llamar “el derecho social a la educación”. Si bien podemos convenir que la educación, por lo menos hasta el pregrado en la universidad o una educación completa en un IP o CFT, es un derecho social, ello no significa que dicha educación deba ser gratuita. Si significa que nadie debe ser privado de una educación superior por motivos económicos y que todos los ciudadanos deben poder acceder a una buena educación básica y media más allá de cualquier consideración económica. En esta última dimensión, el mejoramiento de la educación hoy municipalizada es esencial. Si esto se logra, habrá muchos jóvenes de hogares modestos que podrán optar exitosamente a la educación superior que en la actualidad.

Obviamente, esta forma de entender el derecho social a la educación tiene un fundamento en la equidad de oportunidades básica que una buena sociedad debe brindarles a todos sus ciudadanos. Y, por qué no decirlo, aunque sea políticamente incorrecto estos días, es buena política pro crecimiento: una fuerza de trabajo más educada es también una fuerza de trabajo más productiva. De hecho, es difícil tener acceso a la modernidad sin que, al menos, todos los trabajadores tengan una educación media completa. Y ello es cada vez más insuficiente. Así lo ha reconocido el Presidente Obama en Estados Unidos, al proponer educación gratuita para todos los jóvenes que lo necesiten hasta el nivel del “community college” (el equivalente a nuestro IP).

Hagamos un símil al derecho social a la alimentación. Es más básico que el derecho a la educación. Todos tenemos derecho a comer. En algunos países, la alimentación de los más pobres es fuertemente subsidiada; a los reos no se los deja morir de hambre, aunque no están en condiciones de ganarse la vida. Pero ello no implica que se les deba pagar la alimentación a todos. Sería bueno que se les reconozca a los ciudadanos de un país que deben poder ingerir las calorías que necesitan para sobrevivir e impedir la desnutrición, ingerir las proteínas necesarias para desarrollar su mente y habilidades, etc. Objetivo que todavía no hemos alcanzado. Pero es obvio para cualquier persona que aquellos que pueden adquirir sus alimentos con sus propios medios no tienen por qué recibirlos del Estado.

Y asi podemos seguir con muchos otros “derechos sociales”: la salud, la vivienda, la jubilación. Una cosa es tener derecho a un mínimo, otra que el Estado se encargue de proveerles ese mínimo a todos gratuitamente. Además de la patente falta de cordura en esa posición, como dije al principio